INSULEUR siempre ha defendido con vehemencia la abolición de los límites máximos de ayudas «de minimis» para las islas europeas. Sin embargo, estos límites se han mantenido sin cambios desde 2006, fijando el umbral general de minimis en 200.000 euros para todas las empresas.
Considerando que
- La ayuda de minimis se considera uno de los mejores instrumentos para satisfacer las necesidades de las islas;
- La aplicación de las políticas europeas resulta más costosa en los territorios insulares que en el continente;
- El acceso a las islas se limita al transporte marítimo y, en algunos casos, también al aéreo; por lo tanto, los costes adicionales de transporte tienen un impacto real en las empresas insulares, que difícilmente pueden competir con las empresas del continente cuando estos costes adicionales relacionados con la insularidad se incluyen en el cálculo de las ayudas de minimis;
- Cualquier ayuda recibida en virtud de las normas de minimis dificulta la capacidad de las islas para solicitar otros fondos que se administran bajo el mismo régimen de ayudas estatales.
INSULEUR recuerda que
- La actual norma de minimis restringe la competitividad y plantea dificultades en las islas europeas;
- Esto incrementa el déficit de desarrollo de las islas europeas en comparación con la Europa continental, colocándolas en una posición de desventaja;
- El régimen de minimis debe cumplir su función esencial como regulador y limitador de posibles distorsiones del mercado sin desvirtuar la consecución de los objetivos de la Unión: «La Unión desarrollará y mantendrá acciones que conduzcan al fortalecimiento de su cohesión económica, social y territorial. En particular, la Unión procurará reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el atraso de las regiones menos favorecidas, como las regiones insulares» (Artículo 174 del TFUE).
Por lo tanto, INSULEUR apoya plenamente
- Como mínimo, el aumento de los límites máximos de ayudas «de minimis» actuales de 200.000 EUR a 500.000 EUR, teniendo en cuenta las tendencias inflacionarias actuales y futuras y la necesidad de un mayor desarrollo de la economía europea, que se ve gravemente afectada por la crisis energética y la reestructuración de la logística.
- La creación de un registro central obligatorio que no solo aumentaría la transparencia, sino que también reduciría la carga administrativa.
Y solicita además que
- Se aplica un umbral de ayudas de minimis más flexible en los territorios insulares: los costes de transporte adicionales relacionados con la insularidad no deben incluirse en el cálculo de las ayudas de minimis o, como último recurso, se solicita un aumento adicional del umbral de minimis para las empresas en las islas hasta los 800.000 EUR.
- El registro central obligatorio también sirve de base para realizar evaluaciones de impacto basadas en indicadores específicos, con el fin de revelar y mitigar mejor el retraso en la competitividad de las economías de las regiones insulares.
En conclusión, INSULEUR considera que elevar el umbral general de minimis permitiría a la UE reflejar la evolución general de los precios y reaccionar al repunte de la inflación en consonancia con las condiciones actuales del mercado, fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, e incentivar la innovación. Sin embargo, insiste en que, sin flexibilidad para los territorios insulares, persiste el problema fundamental: un marco regulatorio de las ayudas estatales que no tiene en cuenta las particularidades de las islas. Si no se aborda este problema, las islas nunca podrán equipararse a las empresas del continente.